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Reseñas
 
 

a. SANCIONES POR LA FALTA DE PAGO EN TERMINO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

ART. 9 LEY 25.013
Ambito material de aplicación

1. El Dr. Morando, en su voto en la causa "Godoy Manuel Alejandro c/ Carrefour Argentina S.A. s/despido" (sent. 31090, Sala VIII, del 28/02/2003; en igual sentido: "Viñabal, Rosana Claudia c/ Panificación Cinco S.A. s/despido", de la misma fecha), confirma la interpretación mayoritaria en doctrina, en el sentido de que la expresión "despido incausado" es en la norma sinónimo de despido "ad nutum", esto es, comunicado sin expresión de causa, y no se puede interpretar que integré su ámbito material de aplicación también los casos de invocación de una justa causa, ni menos aún, los de despido indirecto. Agrega el magistrado que, en este aspecto, la norma es clara. Por otra parte, agrega que tanto en el supuesto de despido indirecto como del fundado en el art. 247 LCT, no existe un plazo o término para su pago, ya que sólo la sentencia judicial determinará la procedencia del despido indirecto, o la existencia de falta o disminución de trabajo o de fuerza mayor. El Dr. Morando deriva, de la no inclusión de la indemnización prevista en el art. 247LCT, que el legislador ha preferido diferir toda la cuestión a lo que se resuelva en juicio (CNTrab. S. VIII, febrero 28-2003; "Godoy Manuel Alejandro c. Carrefour Arg. S.A).


Invocacion de causa "ficticia"

2. Concluye el magistrado que el criterio interpretativo más adecuado es que el presupuesto de operatividad de las consecuencias jurídicas establecidas por las normas analizadas es el siguiente: empleador que despide sin invocación de justa causa -o que invoca una evidentemente irrelevante, o de evidente insuficiencia en los términos del art. 243 LCT-, por lo que, actuando con cuidado y previsión -incluso, según los casos, con la previsión calificada del art. 902 C.C.-, no podría ignorar que debe las indemnizaciones, y, no obstante, intimado fehacientemente -es decir, en forma escrita-, no las paga. Es decir que el empleador que invoca como justa causa un incumplimiento susceptible de ser encuadrado en el concepto de injuria del art. 242 LCT, y no ofrece prueba u ofree como tal la que no lo es, o no intenta en absoluto producir la ofrecida, sugiere con su conducta negligente que ha comunidado el despido con invocación de una justa causa ficticia, con la finalidad de evadir la sanción, cuyo propósito disuasorio de los despidos no está en discusión. En esas condiciones, será lícito considerar que se produjo un despido "ad nutum", incluido en los presupuestos del art. 2 de la ley 25323 (CNTrab. S. VIII, febrero 28-2003; "Godoy Manuel Alejandro c. Carrefour Arg. S.A).

Concurrencia con el art. 2 ley 25.323.

3. El art. 9 de la ley 25.013 contribuye a definir los alcances de la política legislativa en la que se inserta el art. 2 de la ley 25.323: la disminución de la carga indemnizatoria que aquella ha establecido para los contratos celebrados durante su vigencia, viene acompañada con una acentuación del rigor represivo de la evasión del cumplimiento de dichas cargas. Pero el art. 9 citado ha limitado su ámbito a los supuestos de despido incausado (ad nutum), no comprendiendo los supuestos de despido indirecto ni los casos de invocación de una justa causa (CNTrab. S. VIII, marzo 28-2003, "Garramone, Raúl c. Citibank N.A.)

ART. 2 LEY 25.323
Ambito temporal de aplicación
La intimación fehaciente como hecho relevante

4. La ley 25323 fue publicada enel Boletín Oficial el 11 de octubre de 2000 y se tornó obligatoria ocho días después (art. 2 del Cód. Civil), esto es, el 19 de octubre de 2000. En el caso concreto, el distracto se produjo con anterioridad a su vigencia, pero la intimación fehaciente fue cursada por el trabajador con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, por lo que posee plena eficacia jurídica para generar el efecto sancionatorio previsto en la norma. (CNTrab. S. VIII, setiembre 6-2002 "Bertolini, Miguel c. SAP S.A.").

La demanda como hecho relevante.

5. La ley 25323 fue publicada en el Boletín Oficial el 11/10/2000 y carece de efecto retroactivo. Por ello, rige para todos los procesos iniciados a partir de su vigencia, aunque los rubros reclamados se hubieran devengado antes de la misma (CNTrab. S. VI, junio 27-2006: "Farreyra, Gimena c. Distribuidora de Confecciones Johnson´s).

El despido como hecho relevante

6. La ley 25.323 tiene vigencia a partir del 20/10/2000, no teniendo efecto retroactivo. El art. 3 del Código Civil explicita claramente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. El legislador no acordó a la ley 25.323 efecto retroactivo, por lo que, habiéndose producido el distracto el 06/06/2000, no resulta aplicable al caso de autos (por analogía, sobre el tema, ver Fallo Plenario 277, in re: Villamayor c/ La Franco Argentina S.A.", del 28/02/1991) (CNTrab. S. I, julio 16-2002; "López, Nidia Elba Sara c. Ob. Soc. Bancaria Argentina")

Ambito material de aplicación
Criterio restrictivo

7. El texto del art. 2 de la ley 25323 en modo alguno establece como requisito para la procedencia de la indemnización en cuestión que se trate de un despido sin causa. (CNTrab. S. X, 11/7/2002, "Mazzei, José María c/ Cargill SA".

8. Frente a un despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, la indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25323 debe ser concedida con carácter restrictivo, y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador quien, frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema -del voto del doctor Eiras- (CNTrab. S. III, junio 21-2002; "Aca, Adrián Rosalino c/ Don Battaglia SRL")

Criterio amplio.

9. La indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25323 no debe juzgarse con carácter restrictivo. Si tal criterio se apoya en la limitación del derecho de defensa que sufrirían quienes estarían obligados a resignar el debate judicial ante el riesgo de un incremento de las indemnizaciones, es útil recordar que toda actividad empresaria (e, incluso, cualquier proceso judicial) se apoya en algún grado inevitable de asunción de riesgos-del voto en disidencia del doctor Guibourg-. (CNTrab. S. III, junio 21-2002; "Aca, Adrián Rosalino c/ Don Battaglia SRL")

10. Aún cuando la determinación de la existencia de justa causa de despido es, en última instancia, judicial, esta decisión es en cierto sentido retroactiva al momento de la desvinculación, circunstancia que justifica, por ejemplo, el cómputo de intereses. Quien decide un despido con invocación de causa subordina su eventual obligación de indemnizar (y otras obligaciones accesorias, como los intereses, las multas o un rubro del tipo del aquí discutido) a la cuestión de la prueba de la injuria invocada: si la prueba se produce, se libera de todas las obligaciones; en caso contrario, todas son exigibles retroactivamente -del voto en disidencia del doctor Guibourg-. (CNTrab. S. III, junio 21-2002; "Aca, Adrián Rosalino c/ Don Battaglia SRL")

Criterio intermedio.

11. El art. 2 de la ley 25.323 no es aplicable exclusivamente a los despidos sin causa, puesto que no cabe distinguir allí donde la ley no distingue, de lo contrario, bastaría que el empleador invocara cualquier motivo para tornar ineficaz la normativa legal. Frente a un despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, corresponderá la exoneración de la sanción o bien su reducción, en los casos en que se justifique la conducta del empleador, lo cual deja librada a la apreciación judicial tanto la verosimilitud de la medida rescisoria como la justificación de la falta de pago de los créditos indemnizatorios en debido tiempo (del voto Del Dr. Billoch, (CNTrab. S. VIII, febrero 28-2003; "Rivero, Omar C/ La Farmaco Arg. S.A.)

Despido con invocacion del art. 247 LCT

12. El art. 2 de la ley 25.323 establece que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232 y 245 LCT y por ello tuviera que iniciar las acciones judiciales respectivas, deberá abonar una multa equivalente al 50% del valor de las indemnizaciones antes mencionadas. Y dicha multa también procede cuando argumentando disminución o falta de trabajo, el empleador no siguiere el procedimiento del decreto 264/02, pues en tal caso no puede invocar las previsiones del art. 247 LCT y el despido es considerado sin causa a los efectos del art. 16 de la ley 25.561 y del art. 2 de la ya citada ley 25.323 (CNTrab. S. VI, noviembre 11-2002; "Gonzalez, Segunda c. El Condor S.A.)

Presupuestos Facticos.
Intimación fehaciente conjuntamente con la comunicación del despido indirecto.

13. El art. 2 de la ley 25323 contiene la exigencia específica consstente en la realización de una intimación fehaciente al empleador para que abone las indemnizaciones provenientes del despido, pero en modo alguno dicha nor