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Reseñas
 
 

a. SANCIONES POR LA FALTA DE PAGO EN TERMINO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

ART. 9 LEY 25.013
Ambito material de aplicación

1. El Dr. Morando, en su voto en la causa "Godoy Manuel Alejandro c/ Carrefour Argentina S.A. s/despido" (sent. 31090, Sala VIII, del 28/02/2003; en igual sentido: "Viñabal, Rosana Claudia c/ Panificación Cinco S.A. s/despido", de la misma fecha), confirma la interpretación mayoritaria en doctrina, en el sentido de que la expresión "despido incausado" es en la norma sinónimo de despido "ad nutum", esto es, comunicado sin expresión de causa, y no se puede interpretar que integré su ámbito material de aplicación también los casos de invocación de una justa causa, ni menos aún, los de despido indirecto. Agrega el magistrado que, en este aspecto, la norma es clara. Por otra parte, agrega que tanto en el supuesto de despido indirecto como del fundado en el art. 247 LCT, no existe un plazo o término para su pago, ya que sólo la sentencia judicial determinará la procedencia del despido indirecto, o la existencia de falta o disminución de trabajo o de fuerza mayor. El Dr. Morando deriva, de la no inclusión de la indemnización prevista en el art. 247LCT, que el legislador ha preferido diferir toda la cuestión a lo que se resuelva en juicio (CNTrab. S. VIII, febrero 28-2003; "Godoy Manuel Alejandro c. Carrefour Arg. S.A).


Invocacion de causa "ficticia"

2. Concluye el magistrado que el criterio interpretativo más adecuado es que el presupuesto de operatividad de las consecuencias jurídicas establecidas por las normas analizadas es el siguiente: empleador que despide sin invocación de justa causa -o que invoca una evidentemente irrelevante, o de evidente insuficiencia en los términos del art. 243 LCT-, por lo que, actuando con cuidado y previsión -incluso, según los casos, con la previsión calificada del art. 902 C.C.-, no podría ignorar que debe las indemnizaciones, y, no obstante, intimado fehacientemente -es decir, en forma escrita-, no las paga. Es decir que el empleador que invoca como justa causa un incumplimiento susceptible de ser encuadrado en el concepto de injuria del art. 242 LCT, y no ofrece prueba u ofree como tal la que no lo es, o no intenta en absoluto producir la ofrecida, sugiere con su conducta negligente que ha comunidado el despido con invocación de una justa causa ficticia, con la finalidad de evadir la sanción, cuyo propósito disuasorio de los despidos no está en discusión. En esas condiciones, será lícito considerar que se produjo un despido "ad nutum", incluido en los presupuestos del art. 2 de la ley 25323 (CNTrab. S. VIII, febrero 28-2003; "Godoy Manuel Alejandro c. Carrefour Arg. S.A).

Concurrencia con el art. 2 ley 25.323.

3. El art. 9 de la ley 25.013 contribuye a definir los alcances de la política legislativa en la que se inserta el art. 2 de la ley 25.323: la disminución de la carga indemnizatoria que aquella ha establecido para los contratos celebrados durante su vigencia, viene acompañada con una acentuación del rigor represivo de la evasión del cumplimiento de dichas cargas. Pero el art. 9 citado ha limitado su ámbito a los supuestos de despido incausado (ad nutum), no comprendiendo los supuestos de despido indirecto ni los casos de invocación de una justa causa (CNTrab. S. VIII, marzo 28-2003, "Garramone, Raúl c. Citibank N.A.)

ART. 2 LEY 25.323
Ambito temporal de aplicación
La intimación fehaciente como hecho relevante

4. La ley 25323 fue publicada enel Boletín Oficial el 11 de octubre de 2000 y se tornó obligatoria ocho días después (art. 2 del Cód. Civil), esto es, el 19 de octubre de 2000. En el caso concreto, el distracto se produjo con anterioridad a su vigencia, pero la intimación fehaciente fue cursada por el trabajador con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, por lo que posee plena eficacia jurídica para generar el efecto sancionatorio previsto en la norma. (CNTrab. S. VIII, setiembre 6-2002 "Bertolini, Miguel c. SAP S.A.").

La demanda como hecho relevante.

5. La ley 25323 fue publicada en el Boletín Oficial el 11/10/2000 y carece de efecto retroactivo. Por ello, rige para todos los procesos iniciados a partir de su vigencia, aunque los rubros reclamados se hubieran devengado antes de la misma (CNTrab. S. VI, junio 27-2006: "Farreyra, Gimena c. Distribuidora de Confecciones Johnson´s).

El despido como hecho relevante

6. La ley 25.323 tiene vigencia a partir del 20/10/2000, no teniendo efecto retroactivo. El art. 3 del Código Civil explicita claramente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. El legislador no acordó a la ley 25.323 efecto retroactivo, por lo que, habiéndose producido el distracto el 06/06/2000, no resulta aplicable al caso de autos (por analogía, sobre el tema, ver Fallo Plenario 277, in re: Villamayor c/ La Franco Argentina S.A.", del 28/02/1991) (CNTrab. S. I, julio 16-2002; "López, Nidia Elba Sara c. Ob. Soc. Bancaria Argentina")

Ambito material de aplicación
Criterio restrictivo

7. El texto del art. 2 de la ley 25323 en modo alguno establece como requisito para la procedencia de la indemnización en cuestión que se trate de un despido sin causa. (CNTrab. S. X, 11/7/2002, "Mazzei, José María c/ Cargill SA".

8. Frente a un despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, la indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25323 debe ser concedida con carácter restrictivo, y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador quien, frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema -del voto del doctor Eiras- (CNTrab. S. III, junio 21-2002; "Aca, Adrián Rosalino c/ Don Battaglia SRL")

Criterio amplio.

9. La indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25323 no debe juzgarse con carácter restrictivo. Si tal criterio se apoya en la limitación del derecho de defensa que sufrirían quienes estarían obligados a resignar el debate judicial ante el riesgo de un incremento de las indemnizaciones, es útil recordar que toda actividad empresaria (e, incluso, cualquier proceso judicial) se apoya en algún grado inevitable de asunción de riesgos-del voto en disidencia del doctor Guibourg-. (CNTrab. S. III, junio 21-2002; "Aca, Adrián Rosalino c/ Don Battaglia SRL")

10. Aún cuando la determinación de la existencia de justa causa de despido es, en última instancia, judicial, esta decisión es en cierto sentido retroactiva al momento de la desvinculación, circunstancia que justifica, por ejemplo, el cómputo de intereses. Quien decide un despido con invocación de causa subordina su eventual obligación de indemnizar (y otras obligaciones accesorias, como los intereses, las multas o un rubro del tipo del aquí discutido) a la cuestión de la prueba de la injuria invocada: si la prueba se produce, se libera de todas las obligaciones; en caso contrario, todas son exigibles retroactivamente -del voto en disidencia del doctor Guibourg-. (CNTrab. S. III, junio 21-2002; "Aca, Adrián Rosalino c/ Don Battaglia SRL")

Criterio intermedio.

11. El art. 2 de la ley 25.323 no es aplicable exclusivamente a los despidos sin causa, puesto que no cabe distinguir allí donde la ley no distingue, de lo contrario, bastaría que el empleador invocara cualquier motivo para tornar ineficaz la normativa legal. Frente a un despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, corresponderá la exoneración de la sanción o bien su reducción, en los casos en que se justifique la conducta del empleador, lo cual deja librada a la apreciación judicial tanto la verosimilitud de la medida rescisoria como la justificación de la falta de pago de los créditos indemnizatorios en debido tiempo (del voto Del Dr. Billoch, (CNTrab. S. VIII, febrero 28-2003; "Rivero, Omar C/ La Farmaco Arg. S.A.)

Despido con invocacion del art. 247 LCT

12. El art. 2 de la ley 25.323 establece que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232 y 245 LCT y por ello tuviera que iniciar las acciones judiciales respectivas, deberá abonar una multa equivalente al 50% del valor de las indemnizaciones antes mencionadas. Y dicha multa también procede cuando argumentando disminución o falta de trabajo, el empleador no siguiere el procedimiento del decreto 264/02, pues en tal caso no puede invocar las previsiones del art. 247 LCT y el despido es considerado sin causa a los efectos del art. 16 de la ley 25.561 y del art. 2 de la ya citada ley 25.323 (CNTrab. S. VI, noviembre 11-2002; "Gonzalez, Segunda c. El Condor S.A.)

Presupuestos Facticos.
Intimación fehaciente conjuntamente con la comunicación del despido indirecto.

13. El art. 2 de la ley 25323 contiene la exigencia específica consstente en la realización de una intimación fehaciente al empleador para que abone las indemnizaciones provenientes del despido, pero en modo alguno dicha normativa requiere que dicha interpelación se lleve a cabo en forma separada de la pieza mediante la que se comunicó el despido, bastando para ello que se practique en forma clara, eficaz y posteriormente a la denuncia contractual, aún dentro de una misma misiva. (CNTrab. S. II, julio 17-2002, "Franco, Norma Beatriz c/ Betman, Daniel y otro").

Intimación en el reclamo ante el SECLO.

14. La intimación fehaciente que requiere el art. 2 de la ley 25323 no puede ser suplida por las actuaciones instruidas ante el SECLO dado que dicho trámite sólo constituye una instancia administrativa previa y obligatoria a la promoción de la demanda judicial, de modo que no resulta un medio idóneo para constituir en mora al principal en el diseño y a los fines de la norma citada. (CNTrab. S. II, julio 3-2002, "Quiroga Añasco, Etelvina c/ Limpiolux SA").

Exoneracion
Despido con invocacion art. 247. No exoneracion de los rubros arts. 232 y 233 LCT

15. La parte final del art. 2º de la ley 25323 autoriza a reducir parcialmente el importe de la agravación si hubiesen existido causas que justificaren la conducta del empleador. Tal justificación podría surgir de la imposibilidad material o jurídica de satisfacer los créditos, o de la plausibilidad de la justa causa de despido invocada, judicialmente desechada, y en este caso, la excepción sólo alcanza a las partidas indemnizatorias susceptibles de cuestionamiento sujeto a decisión judicial. Pero si se ha invocado el art. 247 LCT , la franquicia no se extiende a las indemnizaciones de los arts. 232 y 233 LCT y 6º de la ley 25013, que se deben en todos los casos. (CNTrab. S. VIII, marzo 19-2002; "Verón, Marcelino c/ Empresa de Seguridad Integral Alesa S.A.")

Existencia de controversia seria

16. Corresponderá la exoneración de la sanción o bien su reducción, en los casos en que exista una controversia seria y fundada sobre la causal del despido, por ejemplo en el supuesto de que el empleador que invocó una justa causa para despedir, logre acreditar los hechos y el juzgador, atendiendo a las circunstancias del caso, hubiera concluido que la medida no resulta de gravedad como para impedir la prosecución del vínculo (CNTrab. S. III, junio 18-2002; "Martinez Maria Jimena c/ Kapelusz Editora S.A.).

17. La exoneración de la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25323, o bien su reducción, corresponde en los casos en que existió una controversia seria y fundada sobre la causal del despido (del voto de la doctora Porta). (CNTrab. S. III, junio 21-2002; "Aca, Adrián Rosalino c/ Don Battaglia SRL")


Concurrencia
Derogacion tacita del art. 9 Ley 25013

18. El Dr. Eiras, en su voto en la causa "Perez, Jorge Diego c/ Starck Anibal y otro s/despido" (sent. 84502, Sala III, del 14/02/2003), expresó que el art. 9 de la ley 25013 y el art. 2 de la ley 25323 tienen por objeto generar un recargo en el pago a cargo del empleador cuando las indemnizaciones por despido no se hayan pagado en término. La segunda norma no dice que su recargo se deba adicionar a la primera, por lo que, ante dos normas sucesivas que se dirigen a reprimir la misma conducta, es lícito interpretar que la segunda expresa un cambio de idea en el mítico legislador unipersonal al que remite la dogmática tradicional. Primero decidió que la mora implicaba una presunción iuris tantum de actuación maliciosa, dando lugar a la aplicación del art. 275, luego, decidió convertir aquella sanción (sujeta a la variación de tasas de interés) en un agravamiento tarifado del 50% sobre el capital, pero sujeto a la condición adicional de que medie intimación fehaciente del trabajador.

Derogación de la presunción

19. El Dr. Guibourg, por su parte, completando la argumentación de su colega, en su voto en la causa "Saiegh, Salvador c/ Cons. Prop. H. Yrigoyen 3641/49/59 s/despido" (sent. 83989, Sala III, del 12/09/2002), opinó que la falta de pago en término de las indemnizaciones derivadas del despido generan, a favor del trabajador, un recargo dispuesto por dos normas sucesivas: la ley 25013 decidió que la mora implicaba una presunción "iuris tantum" de actuación maliciosa por parate del patrono dando lugar a la aplicación del art. 275 LCT. A posteriori, la ley 25323 estableció un incremento del 50% en las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT y 6 y 7 de la ley 25013, siempre que mediase intimación fehaciente por parte del trabajador. Ambas normas -agrega- se superponen parcialmente, y sólo si la conducta del empleador durante el proceso resulta ser efectivamente maliciosa (no ya como presunción) habría que computar el interés punitorio del art. 275 LCT, sobre todo el capital, incluido en éste el recargo del art. 2 de la ley 25323, así como cualquier otra prestación, con recargo o sin él, que hubiese quedado involucrada en la maniobra maliciosa.
Sin embargo, en el precedente citado en el párrafo anterior, el Dr. Eiras, si bien comparte que la nueva norma ha dejado sin efecto la presunción iuris tantum de conducta maliciosa que preveía la norma anterior en el tiempo, sostiene que no resulta procedente aplicar ambas disposiciones legales, puesto que el art. 9 de la ley 25013 dispone una sanción para el caso de configurarse la misma conducta reprochada por la posterior ley 25323.

Aplicación residual del art. 9 ley 25323

20. El art. 9 de la ley 25.013 contribuye a definir los alcances de la política legislativa en la que se inserta el art. 2 de la ley 25.323: la disminución de la carga indemnizatoria que aquella ha establecido para los contratos celebrados durante su vigencia, viene acompañada con una acentuación del rigor represivo de la evasión del cumplimiento de dichas cargas. Pero el art. 9 citado ha limitado su ámbito a los supuestos de despido incausado (ad nutum), no comprendiendo los supuestos de despido indirecto ni los casos de invocación de una justa causa (CNTrab. S. VIII, marzo 28-2003, "Garramone, Raúl c. Citibank N.A.)


b. EL ART. 1 DE LA LEY 25323

Su concurrencia con las indemnizaciones de la ley nacional de empleo.

21. El art. 1 de la ley 25323 establece un límite temporal de 30 días contados a partir de su entrada en vigencia, transcurrido el cual, si el empleador no procede a regularizar la situaciíon del trabajador clandestino o deficientemente registrado, debe satisfacer a éste el incremento dispuesto en el primer párrafo del art. 1 de la citada norma. El sentido de tal disposición es subsanar la clandestinidad mediante la amenaza de una sanción importante, estableciendo un plazo razonable, pero no rige norma alguna que obligue al trabajador a mantener la relación hasta que se hayan cumplido los treinta días, toda vez que en los casos agudos que así lo justifiquen el trabajador puede considerarse despedido antes del plazo, toda vez que se trata de elementos distintos, uno es la injuria y otro la contumacia del empleador (CNTrab. S. VI, setiembre 14-2001; "Cervin, Rubén c/ Maliex S.A).

c. EL ART. 80 LCT (T.O. ART. 45 LEY 25.345)
Obligación de la empresa usuaria en los terminos del art. 29 LCT.

22. Aún cuando se haya declarado a la usuaria de servicios eventuales responsable en los términos del art. 29 LCT., no cabe imponerle la entrega de los certificados del art. 80 LCT. si resulta de los libros de la empresa de servicios eventuales que había asumido los pagos asentados en ellos. (CNTrab. S. II, febrero 14-2001; "Barrios, Mario H. v. Eguimad S.A. y otro" - JA 2001 - IV)

Ambito temporal de aplicación

23. Si bien es cierto que al momento de extinguirse la relación laboral aún no se encontraba vigente la ley 25345, ello no resulta óbice para la procedencia del reclamo efectuado, toda vez que lo relevante para el caso es el momento en el cual se configuraron los presupustos de hecho que establece la norma para activar el mecanismo sancionatorio allí previsto. (CNTrab. S. X, agosto 30-2002, "Grego, Marcelo Adrián c/ Transportes Spacapan SA").

24. La ley 25345 no es retroactiva, sus normas son de aplicación inmediata a partir del 26/11/00, por lo que toda intimación cursada antes de esa fecha carece de virtualidad jurídica para generar el efecto definidamente sancionatorio previsto en ella. Si durante su vigencia el actor hubiera reiterado la intimación, la cuestión a resolver será la de la eficacia de la última comunicación. (CNTrab. S. VIII, marzo 19-2002, "Verón, Marcelino c/ Empresa de Seguridad Integral Alesa S.A.").

Pautas para tener por cumplida la obligación.

25. La entrega de los certificados de trabajo (art. 80 de la LCT) al dependiente, en oportunidad de la extinción de la relación laboral, es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación, esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección. Y tal obligación no depende de que el propio trabajador se apersone en la sede de la empresa, toda vez que si ello no ocurre, el empleador, previa intimación, puede consignarlos judicialmente. (CNTrab. S. III, febrero 11-2002; "Fraza, María c/ Storto, Silvia y otro")

26. Si la demandada puso a disposición del empleado los certificados exigidos por la ley, al momento de la intimación, e hizo entrega de los mismos en la oportunidad de contestar la demanda, no resulta de aplicación la sanción que la ley 25345 incluyó en el art. 80 LCT. (CNTrab. S. III, octubre 22-2002, "Vega, Luis Gregorio c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Lavalle 1566")

27. El art. 45 de la ley 25345 sanciona al empleador imponiendo una indemnización a favor del trabajador, cuando intimado fehacientemente por éste a fin de que haga entrega de los certificados previstos en el art. 80 LCT, aquél no la cumpla, en el término de dos días hábiles desde que recibió el requerimiento. Dicha indemnización no procede si el demandado puso a disposición del trabajador tal documentación y éste no acreditó haber concurrido a retirarla, limitando su conducta a reiterar la intimación ya efectuada. (CNTrab. S. VIII, octubre 23-2002, "Fenocchio, Norma c/ Eulen Argentina S.A. y otro").

Intimación con el traslado de demanda.

28. No se advierte óbice para conceder al accionante la indemnización prevista por el art. 80 LCT, ante la falta de entrega de los certificados de servicios y aportes, si el requerimiento fue notificado al demandado al corrérsele traslado de la demanda, sin que se acompañaran las constancias respectivas en autos. (CNTrab. S. III, octubre 21-2002, "Paz, Marcelo c/ De Vito Eduardo").

29. En cuanto al requerimiento que prevé el art. 80 último párrafo de la LCT (t.o. ley 25345) para obtener la indemnización pertinente, es menestar señalar que la notificación de la demanda no puede constituirse, a la vez, en la intimación fehaciente que al efecto requiere la norma, pues si la falta de entrega de los certificados del art. 80 LCT integra la acción, la intimación en cuestión necesariamente debe precederla. (CNTrab. S. VIII, febrero 25-2003, "Roser Pereyra, Ulises c/ Fines S.A. y otro").

Intimación con la notificación de la extinción por despido indirecto.

30. La interpelación cursada en el mismo instrumento en el que se extingue la relación no respeta el plazo de 30 días a contar desde el distracto exigido por el art. 3 del dto. 146/01, reglamentario del art. 80 de la ley 25345. (CNTrab. S. X, junio 27-2002, "Milessi, Juan c/ Teb SRL")

Acumulación de la indemnización del art. 80 LCT con un resarcimiento por la imposibilidad de percibir la prestación por desempleo.

31. Los daños originados en la falta de entrega de los certificados se encuentran, en principio, cubiertos por la indemnización legal introducida por la ley 25345, por lo que una indemnización por la imposibilidad de percibir las prestaciones por desempleo resulta ahora improcedente -del voto del doctor Guibourg-. Para que resulta procedente conceder una indemnización por la falta de percepción del subsidio por desempleo, se debe acreditar el cumplimiento de los recaudos impuestos por los arts. 113 y 114 de la ley 24013, así como que la denegación de la prestación se debió a la conducta del empleador -del voto del doctor Eiras-. (CNTrab. S. III, setiembre 24-2002, "Basualdo, Graciela Cristina c/ Vega, Guido Roberto y otro").

Intimacion anticipada. Improcedencia.

32. La intimación fehaciente a que hacen referencia tanto el art. 45 de la ley 25.345 como el art. 3 del dec. 146/01 sólo puede surtir sus efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo éste último que constituye (desde el momento de la extinción) una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa (CNTrab. S. III, diciembre 12-2002; "Puga, Maria Gabriela c. S.A. Mandataria S.A.)

d. EL ART. 132 BIS LCT (T.O. ART. 43 DE LA LEY 25345)

Presupuesto de procedencia.

33. Para la procedencia de la indemnización prevista en el art. 132 bis LCT, la ley 25345 exige que el empleador haya efectuado la retención de aportes al trabajador, con destino a los organismos de la seguridad social. El art. 43 de la ley 23345, en cuanto establece sanciones de carácter penal, debe interpretarse con carácter restrictivo y sólo puede considerarse procedente el reclamo de su aplicación en los casos en los que se demuestre cabalmente la configuración de la conducta tipificada como ilícita. (CNTrab. S. X, abril 30-2002, "Novik, Esther c. Heredia, Justina Inés y otro").


Improcedencia en caso de falta total de registración.

34. La imposición de la sanción establecida en el art. 132 bis de la LCT no puede ser receptada un caso de clandestinidad registral total, pues no se materializa la retención de suma dineraria alguna, por parte de la empleadora. (CNTrab. S. II, noviembre 30-2001; "Crego Bonhomme Fátima c, Costanza, Carmen María", en igual sentido, Sala X, junio 27-2002, "Milessi, Juan c/ Teb SRL").

Procedencia en caso de registración de salario inferior al percibido.

35. Dada la clandestinidad salarial, el empleador ha retenido aportes de la trabajadora con destino a los organismos de la Seguridad Social. Si al momento de la extinción de la relación laboral no hubiese depositado los mismos debe, a partir de entonces y hasta que se efectivice el depósito correspondiente , pagar a la actora una suma mensual equivalente a la remuneración que devengaba al extinguirse el contrato de trabajo, denunciado por ella en la demanda y no cuestionado objetivamente por el demandado. La falta de depósito previsional surge de la misma clandestinidad. (del voto del Dr. Capón Filas en minoría). (CNTrab. S. VI, febrero 19-2003, "Ojeda, Ramona Esther c/ Melero Eduardo José").

Omisión de intimación. Improcedencia.

36. Si no se cumplieron los recaudos del dto. 146/01 , y tal incumplimiento surge de la mera compulsa del intercambio telegráfico, pues no intimaron los quejosos a fin de que el empleador ingresara los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieran corresponder, a los respectivos organismos recaudadores, carecen del derecho a la indemnización en cuestión. (CNTrab. S. IX, noviembre 26-2002; "Gonzalez, Ruben y otro c/ Grina S.A. y otros").

Irelevancia de la magnitud de la falta.

37. La magnitud de la retención indebida por parte del empleador (en el caso respondía al 2% de la remuneración del trabajador) no lo exime de la aplicación de la sanción contemplada por el art. 132 de la LCT. Esto es así por cuanto la norma no prevé tal situación y tampoco ha otorgado discrecionalidad a los jueces para reducir las sanciones en casos específicos (CNTrab. S. VIII, diciembre 6-2002; "Shytikov Volodymyr c. Garbin S.A.)

ART. 16 DE LA LEY 25.561
Inconstitucionalidad del dec. 50/02

38. La ley 25561, que en su art. 16 establece la doble indemnización para los despidos incausados, no establecía expresamente su fecha de entrada en vigencia, por ello, al ser sancionada y promulgada el 06/01/02 y publicada en el B.O. el 07/01/02, debió regir desde el 16 de enero de 2002. (confr. Arts. 2 y 3 del Código Civil). El decreto 50/02 que establece su vigencia retroactiva a partir del 06/01/02 es inconstitucional, toda vez que vulnera la garantía constitucional establecida en el art. 17 de la C.N., afectando derechos adquiridos anteriores a la sanción de la norma y las prescripciones del art. 99 ic. 3, en cuanto el Poder Ejecutivo no puede asumir facultades legislativas sin que existan razones excepcionales para elo, limitándose al dictado de decretos de necesidad y urgencia que en el caso tampoco se justificaban, toda vez que las cámaras estaban en actividad. (CNTrab. S. IX, noviembre 19-2002, "Rapisardi, Mario c/ Argencard S.A.").

Constitucionalidad del dec. 50/02

39. El dto. 50/02 es un reglamento de ejecución de un programa nacional de preservación del empleo, producto de la delegación dispuesta por el art. 1 de la ley. Si de grave emergencia se trata, no puede calificarse como un ejercicio irrazonable de esa delegación el establecer la vigencia a partir de la fecha en que la norma se dictó y promulgó, en tanto no se comprende de qué modo se declara un estado de emergencia y se aprueba una serie de normas a aplicar ...en un término de de nueve días.

Por otra parte, no puede dejarse en manos del principal decidir el monto de un resercimiento, al extredmo de poder oblar sólo el 50% de lo que podría corresponder, con el simple expediente de apresurar una comunicación de cesantía, en las primeras horas del día 8 de enero de 2002, luego de jornadas parlamentarias que tuvieron en vilo al país, que por todos los medios de difusión se dieran a conocer, y lo que es más trascendente aún, de que el 7 de enero de 2002 se publicara en el Boletín Oficial el texto de la ley.

Sea porque se entienda que al dictar el dto. 50/02 el Poder Administrador se limitó a hacer uso de las facultades que se le delegaran por ley y , por tanto, no resulta violatorio de disposición constitucional alguna, o sea porque se trata de un claro ejemplo de un ejercicio abusivo de parte del empleador de su derecho a denunciar el vínculoen forma incausada, lo cierto es que el actor fue separado de su empleo luego de conocida la norma que prohíbe el despido y agrava la indemnización. (CNTrab. S. X, marzo 25-2003, "Miranda, Gonzalo Rubén c/ Argencard S.A.").

Procedencia en caso de despido indirecto.

40. Si la demandada negó tareas y desconoció el vínculo laboral, no corresponde eximirla del pago de la duplicación prevista por el art. 16, ley 25.561, ya que, de lo contrario, por el simple trámite de tornar imposible la continuación del vínculo, la empleadora burlaría la imposición legal
(CNTrab. S. III, diciembre 9-2002; "Maldonado, Ruben c. Tangir Alicia N.").

Por Pablo Candal
 
 
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