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Editorial
 
 

LA ABSOLUCIÓN DE POSICIONES… ¿PRODUCE PRUEBA CONFESIONAL?
(o sobre la necesidad de eliminar un medio probatorio dilatorio e inidóneo para la consecución de la verdad)

por Alejandro Sudera


  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española (22ª edición)
Confesión
(Del lat. confessio, -onis).
1. f. Declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro.
6. f. Der. Declaración personal del litigante o del reo ante el juez en el juicio.
 
 
 

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo III, pág. 807.
Confesión:
es la declaración que hace una de las partes litigantes, de la verdad de los hechos afirmados por el adversario y favorables a éste.

 
 

Consecuencia insoslayable de la regla liminar contenida en el art. 499 del Código Civil, resulta la imposibilidad de consagrar el derecho emergente de una obligación sin la previa constatación del hecho o acto jurídico del cual deriva.
Dentro del proceso judicial las partes deben llevar a conocimiento del juez los hechos  en  base  a los  cuales  reclaman el derecho cuyo reconocimiento pretenden, y –en caso de controversia acerca de su acaecimiento- reconstruir para conocimiento del magistrado esas circunstancias fácticas que le resultan ajenas, acreditándolas mediante las probanzas idóneas y conducentes.
A tal fin el art. 79 de la L.O. remite a todos los medios de prueba admitidos por el C.P.C.C.N., lo que incluye la confesional –cuyas particularidades en relación con el procedimiento laboral se encuentran reguladas en los arts. 85 a 88 de la Ley 18.345-.
La absolución de posiciones es el medio establecido en la norma procesal para producir la prueba confesional.
Sabido es que la confesión de una de las partes en un proceso judicial -acerca de la veracidad de un hecho afirmado por su contraria- exime de la necesidad de probar a su respecto (1), dado que el juez tiene el deber de aceptar la existencia de los hechos acerca de los cuales no existe controversia, y ese deber sólo reconoce como límite su verosimilitud dado que no cabe considerar hechos que resultan absurdos por imposibilidad de su acaecimiento.
Se advierte, así:
1- que la confesión a la que se hace referencia es la provocada ante la afirmación realizada por la contraparte en el marco de la denominada prueba de absolución de posiciones;
2- que constituye una especie dentro del género admisión o reconocimiento;
3- que  configura  una manifiesta violación  al  deber de actuar de buena fe (que –resulta casi vergonzoso tener que recordarlo- también rige en el ámbito del derecho adjetivo o procesal).
El precedente punto 1 no parece requerir demasiada aclaración, en tanto que es unánime la aceptación de que –en el marco del proceso judicial- la confesión puede ser espontánea o provocada.
Corresponde, no obstante y dado que configuran posturas personales, intentar alguna mínima explicación de lo sostenido en los puntos 2 y 3.
De conformidad con lo normado en el art. 65 de la L.O., la demanda debe contener “los hechos en que se funde, explicados claramente”, mientras que del juego de los arts. 71 de la L.O. y 356 del C.P.C.C.N.  surge que el demandado –en su escrito de responde- debe expedirse sobre los hechos expuestos en la demanda y especificar con claridad los que alegare como fundamento de su defensa.
Sin dejar de recordar aquella acertada frase de Nietzsche según la cual “no existen hechos, sino percepciones”, resulta obvio de toda obviedad (2) que los relatos de hechos que realizan las partes deben ser veraces y sinceros, reflejar la realidad conforme fue percibida y suficientemente completos en orden a constituir el cimiento fáctico sobre el cual se erija el derecho invocado.
Establecidos los parámetros a los cuales las partes deben ajustar su proceder al realizar el relato de hechos en que fundan el derecho invocado –ya sea para accionar cuanto para defenderse-, se advierte que en tales relatos las partes admiten –en tanto invocan- ciertos hechos y reconocen los invocados por la contraria, y/o niegan o desconocen otros.
En tal orden de ideas, y hecha la excepción con relación a los hechos introducidos en la contestación de demanda –que el accionante sólo puede admitir como ciertos o reconocer con posterioridad, lo que bien puede hacer espontáneamente(3)-, se advierte que cualquier confesión provocada que realicen las partes respecto de hechos que antes desconocieron o negaron –aún cuando resulte legalmente plausible y temporánea- importa una especie dentro del género admisión o reconocimiento (en los términos expuestos en el párrafo antecedente), y –al mismo tiempo- revela un proceder previo (al presentar los escritos constitutivos, demanda y/o su contestación) contrario al deber procesal de actuar de buena fe (4).
En efecto, ese deber requiere que los relatos de hechos contenidos en los escritos constitutivos sean realizados por las partes con honestidad, lealtad y probidad, sin omitir ninguno que pudiere resultar relevante, y sin –discúlpese la infantil inocencia de esta pretensión- tergiversarlos o falsearlos.
Resulta imprescindible, en este punto del análisis, volver sobre el concepto de confesión: “declaración que hace una de las partes litigantes de la verdad de los hechos afirmados por el adversario y favorables a éste”.
La parte que, mediante la confesión provocada en el marco de la audiencia de absolución de posiciones, reconoce la verdad de un hecho afirmado por su contraria que –necesariamente- antes desconoció, al mismo tiempo admite –implícitamente- la mendacidad de ese previo desconocimiento, lo que evidencia una conducta anterior violatoria del deber procesal de actuar de buena fe.
Bien podría sostenerse que la honestidad con que procede la parte ante esta “segunda oportunidad” que le brinda la absolución de posiciones merecería aprobación antes que reproche, ya que no sólo importa un arrepentimiento respecto de la actitud desleal previamente asumida sino que contribuye a la celeridad y economía procesal, dado que torna innecesaria la producción de la prueba ofrecida para acreditar el hecho en cuestión.
Quien así lo entiende debe –también y necesariamente- sostener que la producción de la prueba confesional debe preceder a la de cualquier otro medio probatorio. Probablemente considere a este medio de prueba como la probatio probattissima del Derecho Romano, como la prueba de pruebas o la prueba por excelencia, y avale la precedencia antes referida no sólo por su potencialidad para relevar de la carga de la prueba, sino –inclusive- por encontrarse regulada en artículos de las normas adjetivas anteriores a los que reglamentan la forma de producción de los restantes(5).
Soslayando los cuestionamientos puestos de manifiesto -a la luz del principio procesal de buena fe- con relación a las implicancias de la confesión respecto de hechos desconocidos previamente, podría llegar a compartirse –en un plano puramente teórico- la conveniencia de producir la prueba confesional, y –aún- la de hacerlo con precedencia respecto del resto de los medios de acreditación.
Partiendo, como hipótesis(6), de la honorabilidad y apego a la verdad de los litigantes de la Antigua Roma, así como de la inevitabilidad –cualquiera fuera su origen social y fortuna- del castigo ante la supuesta como improbable violación de aquella conducta, no queda sino confrontarla con la realidad constatada día a día en nuestros tribunales.
Según las normas de procedimiento aplicables, el absolvente debe responder a las posiciones puestas por la contraparte “bajo juramento o promesa de decir verdad, lo cual no constituye más que una apelación al sentido del honor, dignidad y buena fe de los litigantes”(7) bajo apercibimiento -en caso de negativa a responder, aducir ignorancia o responder en forma evasiva- de tenerlas por contestadas en forma afirmativa. Y bajo absolutamente ningún apercibimiento –más que ser pasible de un improbable y, obviamente, no normado reproche moral(8)- en caso de responder en forma mendaz.
La desigualdad entre los contratantes laboral-dependientes persiste (magüer la obligación de contar con patrocinio letrado) aún en el marco de su actuación dentro del proceso judicial, y tiene –en general- su típica manifestación al momento de llevarse adelante la absolución de posiciones –en la cual la parte no puede contar con asesoramiento profesional-, ya que en la mayoría de los casos el trabajador tiene un nivel socio-cultural inferior al de su contraparte y participa por primera vez en su vida en la producción de ese medio probatorio, mientras que el accionado suele tener alguna experiencia previa, maxime cuando se trata de representantes legales de personas de existencia ideal que actúan prácticamente como absolventes profesionales.
En ese contexto se celebra la audiencia de absolución de posiciones, en la cual harto improbable resulta que se termine produciendo prueba confesional alguna(9).
A esas audiencias concurren absolventes que, en forma invariable, resultan aparentemente programados para contestar a todas las posiciones que se les afirman "que no es cierto"(10).
La audiencia que se señala para que las partes absuelvan las posiciones puestas por la contraria sólo revela alguna utilidad procesal cuando alguna de ellas inasiste, olvida los documentos con los cuales acreditar la identidad o representación invocada –o los mismos terminan resultando insuficientes o inidóneos-, se queda encerrado en el ascensor o varado en una pétrea fila que debe integrar para intentar acceder a su cubículo, atascado en el sopor de un embotellamiento de tránsito o en la penumbra nada romántica de un túnel de subterráneo a tres grados por encima de la temperatura del averno, o sufre cualquier otro percance que lo coloca en la primera de las circunstancias antes mencionadas (entiéndase que aquí habría que insertar una cantidad infinita de etcéteras).
Y ni que hablar de los casos en los cuales el trabajador no puede trasladarse hasta el Juzgado por falta de medios materiales para costear el viaje. Que no son pocos ni infrecuentes.
En todos esos supuestos se torna operativa la presunción regulada en el art. 86 de la L.O., correspondiendo tener como ciertos los hechos expuestos en la demanda o su contestación –según la parte que hubiere quedado incursa en aquélla-, presunción que genera la inversión de la carga probatoria salvo acreditación asertiva en contrario.
La audiencia de absolución de posiciones revela –igualmente- utilidad, cuando(11) el ponente opera con tal desacierto que termina reconociendo –con la posición que somete al absolvente- aquello que desconoció en su escrito constitutivo(12).
En resumen, el medio probatorio en cuestión sólo parece arrojar resultados positivos en el “error” o la “desgracia”, tornándose en un elemento en el cual malamente deberían fundarse las resoluciones judiciales.
Y cuando ese error o desgracia no ocurren (que es lo habitual), el único resultado que se obtiene el la pérdida de un turno de audiencia y la innecesaria y evitable dilación del proceso.
En la actualidad, según un relevamiento personal, sólo en el 40% de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo se fija –al abrir la causa a prueba- una audiencia a fin de que las partes absuelvan posiciones (en la mayoría de los casos también, en forma previa, para intentar avenir a las partes a una solución conciliatoria), mientras que en el 60% restante simplemente se tiene presente el ofrecimiento de esa prueba para el momento en que esté producida el resto de la prueba cuya producción efectivamente se ordena. En este último supuesto, solamente se fija la audiencia en caso de que la parte –en esa oportunidad- insista en su celebración.
Habida cuenta que no existe en el ordenamiento procesal ninguna disposición que permita desestimar el requerimiento de fijación de audiencia de posiciones, por considerarse a la prueba inconducente, superflua o meramente dilatoria –por mencionar sólo algunos ejemplos-, dado que siempre existe la potencialidad de que se produzca alguno de los “errores” o “desgracias” antes mencionadas, sólo cabe la posibilidad de diferir la producción de tal medio de prueba en el tiempo y esperar que las partes consientan la clausura del período probatorio sin instar su producción(13).
Por todos los motivos expuestos, no cabe sino propiciar la reforma del art. 79 L.O. -en tanto remite a todos los medios de prueba admitidos por el C.P.C.C.N.-, a fin de que se agregue en su parte final “…con excepción de la prueba confesional”.
Deberían, en tal orden de ideas, derogarse los arts. 85, 86 y 87 L.O..
Para profundizar el cambio, dinamizando el procedimiento laboral mediante la intervención más activa del juez y propiciando su invalorable interacción con los litigantes, podría remplazarse el texto actual del art. 88 de la L.O., estableciendo la obligatoriedad de una audiencia análoga a la regulada en el art. 360 del C.P.C.C.N.(14), con la presencia personal del juez y los propósitos de intentar avenir a las partes –art. 80 L.O.-, de que –en caso de no resultar posible el acuerdo conciliatorio- el juez interrogue personalmente a las partes (art. 415 C.P.C.C.N.), bajo apercibimiento de -en caso de negativa a responder, aducirse ignorancia, responder en forma evasiva o probarse al dictar sentencia mendacidad de la parte al contestar- aplicar sanciones por temeridad y malicia-, y –finalmente- proveer la prueba admisible y conducente, en presencia de las partes y con interacción activa con las mismas.
Esto debería complementarse con una adecuación del inc. b) del art. 32 de la L.O., de su art. 155 en lo atinente a las remisiones realizadas respecto del C.P.C.C.N., y la introducción en la parte final del art. 96 de una excepción en relación con la resolución adoptada en audiencia respecto de la providencia de las pruebas, a fin de preservar adecuadamente el derecho a la defensa en juicio de las partes.

_____________________________
1 En tal sentido, hay quienes sostienen que resulta incorrecto considerar a la confesión como un medio de prueba, ya que se trataría de una relevación o exención de la carga de la prueba, pero no es esta la posición asumida por los ordenamientos adjetivos conformados por la L.O. y el C.P.C.C.N.
2 A menos que no se considere al proceso judicial como el medio civilizado, institucional y democrático de someter a un tercero imparcial la resolución justa de aquellas disputas que las partes no pueden auto-componer por sí, sino una herramienta para ocultar, mentir y tergiversar hechos a fin de obtener una decisión simplemente favorable, engañando a ese tercero al cual se le somete la controversia.
3 Ya que el traslado del escrito de responde previsto en el art. 71 de la L.O. no introdujo en el ordenamiento procesal laboral nacional la dúplica, ni impone la carga de reconocer o desconocer los hechos relatados por el demandado, sino que responde a la necesidad de adecuar el anterior sistema de traba de litis al actual, permitiendo al accionante cuestionar la personería de quien compareció a estar a derecho por el requerido, y ofrecer o complementar la prueba considerando los términos en que la controversia quedó planteada –términos conocidos por el demandado ya que su propia contestación los consolida-.
4 En torno al punto resulta esencial recordar que el Derecho incorporó -como concepto ético-social con categoría de valor jurídico- a la buena fe desde dos aspectos bien diferenciables: el elemento ético en la conducta del sujeto –por un lado-, y el psicológico. Este último es el que tradicionalmente se ha llamado buena fe-creencia, y en su marco existe adecuación al principio si la persona tiene la convicción de estar comportándose conforme a Derecho, o sea a lo legalmente permitido. No es este el concepto que interesa a los fines del análisis abordado, sino el restante -en el cual el elemento predominantemente considerado en la conducta de la persona es el ético-, al cual habitualmente se alude como buena fe-lealtad. En esta acepción del concepto buena fe, el sujeto obra leal o deslealmente porque así lo quiere, teniendo absoluto conocimiento de la moralidad o inmoralidad de sus actos.
5 Argumento que no se sostiene a poco que se advierta que tanto en el C.P.C.C.N. cuanto en la L.O. el régimen de las pruebas documental e informativa está regulado en artículos precedentes a los correspondientes a la confesional.
6 Tan incomprobable como la honorabilidad, grandeza y espíritu de sacrificio por la Patria indisputablemente atribuidos a los próceres del pasado por la historia oficial nacional (y, por qué no, internacional).
7 Pucciarelli, Alicia, comentario al art. 85, Tomo II pág. 239, en Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, dirigida por Amadeo Allocati, 2ª edición, Astrea.
8 En una sociedad que en una proporción abrumadora –aunque no mayoritariamente- espantosa hace un culto de la “viveza criolla”, mira con desprecio o indiferencia a quien cumple con sus obligaciones básicas –trabajar adecuadamente a cambio de la remuneración correspondiente, remunerar en forma justa a cambio del trabajo recibido, registrar las relaciones laboral dependientes, cumplir las obligaciones impositivas, etc., etc., etc.-, y –por contrario- con un dejo de admiración o envidia a quien las incumple o “zafa” o aprovecha un puesto de servicio público  para enriquecerse  indebidamente (más etc., etc.),  llegando a  expresar tales  sentimientos dedicándoles un –paradoja argentina- grosero insulto.
9 Recordando, otra vez y hasta el hartazgo, que hay confesión provocada cuando una de las partes litigantes declara la verdad de los hechos afirmados por el adversario y favorables a éste.
10 Lo cual ha dado lugar a un jugoso e infinito anecdotario que no viene al caso intentar enumerar, pero que termina siendo la única ganancia que –no para la Justicia, pero sí para los trabajadores que se desempeñan en ella- genera esta verdadera pérdida de tiempo y dilación procesal.
11 Pesadilla de pesadillas del abogado litigante –del que tiene conciencia de ello, obviamente-. Un especialista en mala praxis por allí…
12 Según el 2º párrafo del art. 411 del C.P.C.C.N., “cada posición importará, para el ponente, el reconocimiento del hecho al que se refiere”, regla que opera aún cuando el absolvente la respondiera en forma negativa.
13 Que es lo que generalmente ocurre, demostrando el desinterés de las partes por la producción de este medio de prueba, que sólo lo ofrecen “por si la otra parte lo hace”, y –por qué no- que no desean exponerse al riesgo de incurrir en alguno de los “errores” o sufrir alguna de las “desgracias” ya mencionadas. No obstante, ofrecen la prueba –también- como carta de reserva para el supuesto de que la prueba les vaya siendo desfavorable y jugarla con la chance de que esos percances los pueda sufrir la contraparte. Son numerosos los casos en que, luego de constatar la acreditación de la identidad y/o representación de la persona que debe absolver posiciones, los letrados desisten del medio probatorio.
14 Experiencia que en la actualidad se está llevando exitosamente a cabo en algunos juzgados integrantes de la Justicia Nacional del Trabajo.
 

 
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